El catastrófico terremoto ocurrido en Chile es ciertamente una muy lamentable tragedia humana, social y económica. Pero forma parte también de una estadística sobre desastres naturales que ha impulsado la promesa de acción colectiva la que, al margen de las reacciones de solidaridad espontánea, aún no se concreta suficientemente en los ámbitos global, regional y nacional.
A esa estadística el territorio chileno añade hoy la tragedia de 800 muertos y daños estimados en el amplio rango de US$ 15-30 mil millones. Esas cifras preliminares conmueven a todos. Pero nos recuerdan también que corresponden a la amenaza permanente a que están expuestos los Estados que se ubican en el Pacífico suramericano y en el denominado “anillo de fuego del Pacífico”.
En el primer escenario la tensión contraria de las fuerzas de expansión y contracción de las placas de los fondos marinos y el subsuelo continental genera fuerte y persistente inestabilidad geológica. Su manifestación violenta deriva de la superposición de la placa Suramericana o continental sobre la placa marítima de Nazca. Los niveles zenitales de esa fricción producen terremotos como el ocurrido en Chile y los que han ocurrido –y seguirán ocurriendo- en Perú y Ecuador.
En el segundo escenario se presenta también esa tensión entre diferentes placas tectónicas a la que se agrega la actividad volcánica más intensa del planeta. La ocurrencia de terremotos es en esta zona mucho más frecuente que en otras.
Si ésta es una amenaza que pone en riesgo las vidas, economía y estabilidad de los Estados del Pacífico, ésta es no sólo es gravísima sino claramente manifiesta y presente. Su globalidad, derivada de su trasnacionalidad, y su dimensión regional, derivada de su ubicación en la cuenca, no concierne sólo a la singularidad de los Estados. Sin embargo, la capacidad de respuesta nacional e internacional en este escenario sigue siendo precaria aún considerando que ésta nunca será suficiente. En efecto, ni los Estados de la zona, (salvo los mayores) cuentan con los equipos y recursos apropiados de alerta temprana para responder de inmediato con eficacia (como consta en Perú y en Chile), ni la comunidad internacional (desde la ONU hasta la Comunidad Andina) está apropiadamente organizada para cumplir con esas funciones de manera acorde con la estadística que éstas producen.
Al respecto, la Secretaría de la oficina de Naciones Unidas a cargo de la Internacional Strategy for Disaster Reduction ha producido estadística suficiente como para constatar que los terremotos son los desastres más mortíferos entre todos aunque no los que más afectan a las diversas poblaciones.
Así, entre el 2000 y el 2008 el número de muertes causadas por terremotos se estimó en 50184 en todo el mundo mientras que las que han ocurrido por temporales y variaciones violenta de temperatura ascienden a 18922 y 9823, respectivamente.
Si en el caso de los terremotos, el número es menor al ocurrido en la costa peruana en 1970 ello se debe probablemente al incremento (notoriamente insuficiente) de la seguridad con que hoy se construyen viviendas e infraestructura. A pesar de ello las víctimas en el período en cuestión, podrían ser el equivalente de cinco pequeñas guerras internacionales.
En cambio, el caso de los afectados no fallecidos es mucho mayor en origen, cantidad y costo. En efecto, si los fallecidos por terremoto en lo que va de la década se cuentan en decenas de miles, los afectados por inundaciones y sequías se cuentan en millones (98.9 millones en el primer caso y 73.3 millones en el segundo). A estos números contribuyen los afectados andinos durante cada ciclo del fenómeno de El Niño.
Éstos también suman a los costos globales de los desastres naturales. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que en el período 2000-2008 sólo los terremotos de Sichuan (China, 2008) y Migata (Japón, 2004) y del huracán Katrina (Estados Unidos, 2005) implicaron costos de US$ 84.4, US$ 32 y US$ 170 mil millones cada uno.
Si en cada década se pierde por desastres naturales en el mundo algo menos que los PBI anuales de Perú y Chile, la evidencia del estímulo para realizar acciones y concretar estrategias de seguridad conjunta entre estos Estados está a la vista. Estos países debieran establecer un mecanismo conjunto de prevención de tsunamis, estandarización de normas en la prevención de daños causados por terremotos y reacción temprana post-terremoto. De igual manera debería ocurrir en el ámbito andino con las inundaciones y sequías teniendo en cuenta que el Comité para la Prevención y Atención de Desastres Naturales de la Comunidad Andina, creado en el 2002, no es visible en el terreno cuando el desastre ocurre.
Esta acción colectiva responde al interés nacional de cada país en cuanto ellos han incorporado las amenazas trasnacionales a sus estrategias de seguridad y defensa superando, en consecuencia, el status de medida de fomento de la confianza. Y es imperativa si se tiene en cuenta que el gasto militar en el mundo (que es diferente del gasto en compra de armas aunque lo incluye), que ascendió en el 2008 a US$ 1464 miles de millones en el mundo según el informe del SIPRI del 2009, supera 1.5 veces en un año el costo de US$ 960 mil millones en una década de desastres naturales.
Esta realidad no es marginal al hecho de que la concentración de desastres naturales en el Pacífico (y el mundo) ocurra abrumadoramente en Asia (84.2% en el período en cuestión), pero sigue siendo extraordinaria. Al respecto, Perú y Chile deben tomar en el Pacífico sur suramericano.
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