Un pacto de no agresión regional es la antítesis de la seguridad colectiva. En tanto presupone que quienes lo suscriben hayan estado predispuestos al ataque entre ellos, el pacto de no agresión es precedido por intereses en conflicto en contraste con los intereses comunes que anteceden a la asistencia recíproca. A pesar de su progresiva debilidad, el sistema interamericano cuenta con un régimen de seguridad colectiva suscrito por todos los miembros del hemisferio americano. Aunque en proceso de redefinición impuesto por el cambio del sistema internacional ocurrido entre 1989 y 1991, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca sigue vigente, activo y organizado en torno a la denominada “cláusula de solidaridad”. Ésta compromete aún el comunitario interés vital –aunque con algunos desertores- consistente en que el ataque armado contra un Estado constituye un ataque a todos y en consecuencia los miembros deben responder (artículo 3). Esa cláusula de solidaridad se extiende también al ataque no armado (artículo 4).
Y aunque el TIAR pueda estar en cuestión, el hecho es que los Estados americanos lo invocaron el 2001 para calificar el ataque terrorista sufrido por los Estados Unidos y apoyar la respuesta del caso.
Por lo demás, lo que los miembros del TIAR han morosamente replanteado es el concepto de amenaza, no la cláusula de solidaridad en sí misma. Este replanteamiento no se ha concretado aún en una redefinición precisa que supere la genérica clasificación de amenazas convencionales, nuevas amenazas (o no convencionales) y problemas de seguridad.
En ese contexto el TIAR aún puede ser invocado en caso de ataque extra o intrarregional. Aunque frágil, subutilizado y hasta mal empleado este acuerdo tradicional no ha sido reemplazado aún por régimen mejor. Y como sabe el Perú por experiencia propia (la de su retiro en 1989), es mejor estar dentro de él que fuere de él.
El Consejo de Defensa Suramericano, en cambio, no sólo es un foro de nacimiento prematuro (fue inducido por la urgencia brasileña y venezolana) sino que está signado aún por sustanciales divergencias de intereses estratégicos entre sus miembros.
Enmarcado, por lo demás, en un esquema de cooperación regional que no puede evidenciar aún una razonable evolución integradora, alberga un escenario de creciente compra de armamentos que, al margen de la beligerancia manifiesta entre algunos de sus titulares, tiene clara dimensión estructural en la región. Si ésta se asienta en un proceso de fuerte redistribución de capacidades militares y los Estados más intensamente embarcado en esa dinámica (Brasil, Chile, Venezuela) han definido sus intereses vitales en torno a ese proceso acompañado de nuevas tendencias de alineamiento externo, una simple propuesta de no agresión no los detendrá.
De otro lado, bajo condiciones de repotenciación general, un pacto de no agresión no será verosímil si es propuesto por un Estado militarmente débil, agredido desde dentro y fuera por el narcoterrorismo y que no se ha propuesto mejorar sustancialmente sus propio potencial. Como se sabe, para sentar las reglas de juego en la fundación de un régimen es indispensable contar con peso propio e influencia razonables en el escenario que se pretende regular.
Es más, la propuesta de un pacto de no agresión tiende a ser menos convincente si a la debilidad del proponente se añade pacifismo hiperidealista cuyo fracaso en los años 30 del siglo pasado prologó una hectatombe mayor. Pretender al respecto que la mera iniciativa diplomática contribuirá al sustento del mercado al margen de una defensa adecuada no contribuye a la seguridad nacional ni a la colectiva.
En este marco, el Perú no debe debilitar adicionalmente el sistema interamericano marginando al TIAR del esquema de seguridad regional y, a la luz de los nuevos alineamientos externos de las mayores potencias suramericanas, no puede circunscribir su marco de seguridad inmediato a un frágil ámbito suramericano.
Para replantear eficazmente ese marco colectivo es fundamental incrementar el nivel de la seguridad interna, mejorar sus sustancialmente las propias capacidades, influir en el balance de poder regional, mejorar la habilidad para construir alianzas locales y externas y añadir credibilidad a su disposición disuasiva. Si ello fuera demasiado, lo mínimo es contar con la seguridad de que los suramericanos tengan intereses idénticos o comunes en torno a la agresión intrarregional (y éste no es el caso, como consta en el caso de las FARC).
De otra manera, el Estado será dependiente ya no sólo del sistema de seguridad colectiva interamericano sino del inestable sistema de poder suramericano cuya fragilidad no se superará por un simple pacto de no agresión.
