Una vez conformado el nuevo gabinete, el país ha ingresado a un compás de espera que aspira a la estabilidad social y a la normalización de la interacción política. Ello se refleja en un rápido, aunque escaso incremento de la aceptación al presidente Toledo (3%), en el descenso del riesgo-país (11 puntos según El Comercio), el repunte de los bonos (0.76% en la plaza neoyorquina) y especialmente, en la tregua implícita que los partidos políticos han otorgado al Ejecutivo por lo menos hasta que el nuevo gabinete se presente ante el Congreso como ha sido ofrecido por el Primer Ministro. El punto de inflexión al respecto lo marcará la próxima congregación aprista a realizarse en los próximos días.
Sería, sin embargo, una imprudencia considerar esta tranquilidad circunstancial como una reversión sustantiva del descontento social y de los serios problemas de gobernabilidad política. En efecto, más allá de la reacción coyuntural de la opinión pública debe tenerse en cuenta, por ejemplo, mensuras como las de Latinbarómetro que reporta para el Perú una amplia brecha entre la aceptación de la democracia (52%) y la satisfacción con su desempeño (11%). La opinión nacional se ubica al respecto por debajo del promedio latinoamericano.
Por lo demás, los partidos políticos que decidieron no participar en el gabinete no sólo no están satisfechos con su constitución sino con la ausencia de cambios drásticos pero imposibles en la conducción del gobierno. Y allí están latentes los amagos de movilización de algunos gremios empezando por las de los sectores radicales del movimiento cocalero.
Mientras el gobierno prepara su presentación en el Congreso y ciertos ministros se enteran del contenido de sus funciones como lo ha confesado el titular de Educación, algunos representantes sectoriales ya han empezado a marcar el paso en los frentes económico, de seguridad y de la lucha contra la corrupción. Al respecto, el ministro Pedro Pablo Kuczynski ya ha anunciado la disposición a reperfilar nuevamente el pago principal de la deuda (no el de los intereses) y financiar el déficit fiscal (1.5% que puede ampliarse por la presión de las demandas sociales y de incrementos salariales). Para ello requerirá consolidar la reforma tributaria tomando, para empezar una decisión sobre el monto del ITF y la emisión, según él, de nuevos bonos soberanos que podrían orientarse a una eventual recompra de la deuda.
En el ámbito de seguridad, el Ejecutivo ha anunciado finalmente su disposición a comprar las dos fragatas Lupo ofrecidas por el gobierno italiano a un precio que bordea los US$ 30 millones. Ello sin perjuicio de la recuperación (que no es lo mismo que repotenciación como se ha anunciado) de helicópteros y aviones (probablemente de transporte) de la Fuerza Aérea. En este campo, sin embargo, quedan por adoptarse una serie de decisiones como, por ejemplo, las referidas a la recuperación de la capacidad de enrolamiento y de reequipamiento del Ejército, a la restauración de un equilibrio razonable en el Pacífico sur o la definición de las acciones de interdicción contra el narcotráfico (hasta ahora paralizadas por la indecisiones norteamericanas luego del accidente ocurrido con un avioneta que llevaba tripulantes evangélicos).
En el campo de la lucha contra la corrupción, una delegación diplomática con la función técnico-jurídica de sustentar el expediente de extradición de Fujimori, ha partido para Japón. La misión, que no forma parte del proceso jurídico de extradición, tiene el encargo de explicar y aclarar a los funcionarios de la Cancilllería y del Ministerio de Justicia japoneses los hechos y razones que asisten al Perú en el derecho que reclama. Aunque no se esperan resultados inmediatos de esta gestión, ésta sí debiera dejar bien establecido en la contraparte japonesa que no hay motivo para la denegación de la extradición o el enjuiciamiento del prófugo que traicionó a su país. El problema político que se presenta en esta línea de trabajo consiste en que el Perú ha decidido separar este acápite del resto de la relación con la potencia asiática. Este es un punto que el nuevo Canciller debiera revisar.
En cualquier caso, las tres iniciativas comentadas conciernen al interés nacional y, por tanto, no pueden ser calificadas de marginales. En estos pocos días el gobierno está dando señales de trabajo consistente. Ahora falta que lo sostenga, que así sea percibido por los peruanos y que retire al país de la lista de democracias en peligro en la que lo ha incluido, a solicitud propia, la OEA.
