La evolución de la crisis hipotecaria norteamericana en crisis financiera primero y en acelerador de la crisis económica global después ha mostrado el fuerte retorno del rol contralor del Estado en el mercado.
En Estados Unidos éste ha intervenido intensamente desde marzo último tanto para contener la crisis como para, de facto, sentar las bases de una nueva regulación del sistema financiero. Si alguien duda de que ello muestra un cambio de los principios fundamentales de la economía de mercado contemporáneo, ciertamente puede estar seguro de que la intervención altera la interpretación de los mismos y modifica fuertemente las prácticas económicas establecidas desde hace un cuarto de siglo.
En efecto, desde que un gran banco de inversión, el Bear Stearns, fue adquirido in extremis por JP Morgan a precio de quiebra en marzo pasado con el respaldo del Tesoro norteamericano se inició una tendencia de rescate público de grandes operadores financieros en asociación, o sin ella, con otros actores del sector privado estadounidense. Esta nueva actitud fue precedida por el rol de otro gran baluarte del liberalismo económico –el Estado británico- en el rescate de Northern Rock.
La tendencia, que evolucionó luego en práctica, se fundamentó en el daño superior que causaría a los mercados financieros, a la confianza de los inversionistas y a la economía real la eliminación de alguno de sus grandes intermediarios en relación al mantenimiento estricto del principio de no intervención financiera.
Como es evidente, la nueva práctica ha acabado con la versión radical de la ideología del abstencionismo estatal en la economía contemporánea. Esta evidencia sólo se ha incrementado en la primera potencia mientras la crisis va mostrando el creciente grado de exposición de sus actores al mal original: la compraventa ilimitada de créditos hipotecarios de alto riesgo y pestilente valor por los miembros del sistema.
Así, si el Estado norteamericano deseó resistir la reincidencia intervencionista en el caso reciente de Lehman Brothers (cuyos minoritarios activos rescatables aún podrían ser adquiridos por algún banco) y de Merryl Lynch (que ha sido adquirido por el Bank of America), no ha podido hacer lo mismo con la inmensa empresa de seguros AIG. Más que evidente, la razón esgrimida es aplastante: esa aseguradora es responsable de la cobertura de aproximadamente US$ 441 mil millones de los papeles de hipotecas-basura vendidos a otras entidades financieras.
El FED ha considerado imprescindible morigerar ese enorme riesgo, que no es otra cosa que insuflar vida a las garantías de esos pésimos papeles aunque éstos ya se hayan depreciado considerablemente. Aunque la magnitud de la vulnerabilidad de AIG a un sistema pervertido es mayúscula, el FED ha estimado que dejarla quebrar luego de haber fracasado en apalancar US$ 14 mil millones como colateral para colocarse mejor en el mercado de ventas corporativas, asestaría un golpe todavía mayor a infinidad de inversionistas menores y, por tanto, a la economía real norteamericana y global.
Sin embargo, el FED no ha deseado hacerse cargo de manera inmatizada del enorme pasivo de AIG. En lugar de ello ha concurrido al rescate mediante un préstamo, por dos años, de US$ 85 mil millones con el objeto nominal de que la empresa, controlada ya en 79.5% por el Estado desde el punto de vista de la responsabilidad sobre las acciones (no necesariamente de la propiedad aún), pueda recuperarse. El objetivo real consiste, en venderla también por partes sin haber formalizado una nacionalización previa (que es lo que, en realidad, ha ocurrido).
Esta dramática iniciativa fue precedida por el respaldo financiero que el FED acababa de brindar a las principales agencias hipotecarias (Fannie Mae y Freddy Mac). Éstas son responsables directas de una buena parte de la ventas originales de los paquetes de hipotecas subprime al sistema financiero (algunos estiman esa participación en 50% del total colocado). La intervención supone no sólo la corresponsabilidad en la gestión de esas empresas sino la garantía financiera brindada por el Estado que asciende a una cantidad no determinada públicamente pero estimada en US$ 200 mil millones.
Si, como dijo el Secretario del Tesoro Henry Paulson, la crisis no terminará hasta que se controle el problema de las hipotecas subprime que, a su vez, han generado la fuerte contracción del crédito, luego del rescate de AIG es evidente que la operación Fanny Mae-Freddy Mac no ha dado aún los resultados esperados.
Y si el horizonte al respecto es, en consecuencia, incierto, nadie sabe cuánto durará la necesidad interventora del gobierno norteamericano. Lo que sí es evidente es que ésta ha cambiado la política de extremo laissez faire-laissez pasè que ha caracterizado al sistema financiero desde que Ronald Reagan inauguró, con Margaret Thatcher, el gran proceso de desregulación financiera global a mediados de la década de los 80.
La variación es tan formidable y la precariedad de la gestión de las instituciones crediticias y financieras norteamericanas tan ominosas, que lo razonable es esperar la consolidación de una nueva etapa de regulación que no ha hecho sino empezar. Por el bien de la economía mundial, los días de excepcional discrecionalidad privada en la administración regimental de la “nueva economía” (parte de la cual se definió en torno los “nuevos productos” financieros en un contexto de extraordinarios cambios tecnológicos e informáticos) deberían concluir, por lo menos en la versión en que la conocemos.
Ello sucederá no sólo por la secuencia inercial del comportamiento norteamericano en la gestión de la crisis sino como resultado de reclamo colectivo de una mejor y más actualizada regulación institucional de los mercados financieros. Estos reclamos deben ser atendidos si no se desea que la peor crisis en 50 años como algunos la definen pase a ser, esta vez sí, la peor en 80 años (aquí deseamos evitar aún comparaciones explícitas con la Gran Depresión).
Entre esos mecanismos sobresale el de una mayor transparencia gerencial, la rectificación urgente de los requerimientos crediticios y una mejora sustancial de las instituciones y prácticas de supervigilancia financiera (incluyendo una mejor implementación de las prácticas de competencia privada).
Éstas deben ser acompañadas de un drástico incremento en la cooperación interestatal en el manejo de crisis económicas. En el caso que nos ocupa, si ésta no brillado por su ausencia sí lo ha hecho por su gran ineficacia preventiva y por ausencia de disposición coordinadora de entidades como el G 7. En lugar de ello, y sólo después de ocurrida la gran debacle en Wall Steet, los principales bancos centrales han coordinado una inyección de capitales por US$ 247 mi millones (US$ 180 mil millones corresponderían al FED).
Por lo demás, este incremento de liquidez, siendo necesario, es muestra de la ineficacia de las inyecciones monetarias realizadas con anterioridad por el FED y el Banco Central Europeo al compás de cada quien. Éstos, apremiados por presiones inflacionarias, no han podida relajar más abiertamente la política monetaria optando por estas intervenciones ad hoc. Hoy tendrán que optar por una política más clara.
De otro lado, el mercado financiero deberá adaptarse a un nuevo orden frente a la desaparición de entidades centenarias en el grupo que lo controla. Si ello ha ocurrido en la banca de inversión especializada, disminuyendo su poder frente a la evolución de la banca tradicional, ese cambio lleva además implícito el origen de esa banca: a pesar de la globalidad de sus operaciones y activos, ésta sigue teniendo arraigos nacionales poderosos. Éstos contribuirán a una mayor descentralización del poder financiero en el mercado si una recesión global en forma no termina con esa evolución.
Si esto último ocurriera (diagnóstico que los analistas temen hoy más que ayer, aunque nosotros pensamos que el sistema se recuperará), la extraordinaria pérdida de confianza en el mercado financiero podría trasladar su pasivo a la economía real con mayor poder destructor del que hoy ya muestra.
En ese caso, los problemas de seguridad que erosionan al sistema internacional tenderán a agravarse. Esta peligrosa evolución muestra la necesidad de impedir que sea sólo el nuevo intervencionismo económico norteamericano el que promueva la recuperación del sistema. Hoy se requiere con urgencia mayor cooperación interestatal para acabar con la “exuberancia irracional” de los agentes financieros la que, a pesar de la denuncia del hoy mal recordado Alan Greenspan, sigue viva, coleando…y destruyendo.
