17 de junio de 2005
Si el gobierno regional de Cuzco aprueba la ordenanza que permite la legalización de todo cultivo de la coca en ese departamento atribuyéndole, sin límites, propósitos tradicionales y medicinales, estará antentando contra la ley y la seguridad nacionales, violando el derecho internacional y cuestionando seriamente la dimensión de desarrollo del proceso de descentralización El hecho es aún más grave en tanto que el peligro en que se colocaría a los valles de La Convención, Yautile y Lares –que , en conjunto, organizan el tercer escenario de mayor cultivo de coca en el Perú- sería de iniciativa de conspicuos miembros de un partido oficialista (el FIM) a cargo de la autoridad regional cuzqueña. Ello indicaría que el tan anunciado efecto contagio del movimiento cocalero boliviano estaría siendo transmitido ya no por “campesinos” postergados sin por aliados del propio gobierno central. De allí a que los liderazgos políticos en Cuzco y en el Estado peruano aparezcan vinculados a la cadena del narcotráfico sólo hay un solo e intolarable paso.
Ello coloca al gobierno regional del Cuzco y al FIM en la obligación perentoria de dar marcha atrás y al gobierno central en la exigencia de restablecer inmediatamente la autoridad central descalificando la norma anunciada y denunciando a quienes estén en proceso de violentar la ley y la seguridad nacionales.
Como se sabe, en el Perú se establece una clara diferencia entre el cultivo legal e ilegal de coca y la ley –no una ordenanza regional o municipal- establece la magnitud de los cultivos legales. Éstos han sido cuantificados entre 10 y 12 mil hectáreas en los últimos años en tanto esa cantidad satisface los usos tradicionales y medicinales locales. Todo lo demás es, por tanto, cultivo ilegal cuyo destino es el narcotráfico en un 90% de los casos.
Las autoridades cuzqueñas deben estar al tanto de esa realidad incotrovertible y también de que las leyes sólo son competencia del Congreso (y del Ejecutivo para su iniciativa y/o aprobación). Especialmente de aquéllas que establecen el marco jurídico que permite al Estado central brindar seguridad a los ciudadanos y establecer la jurisdicción nacional sobre el conjunto del territorio. En ello consiste parte del rol de la soberanía en un contexto global que la erosiona progresivamente.
Y, como tampoco puede desconocer el gobierno regional del Cuzco, el combate al narcotráfico no es sólo en el Perú un asunto de desarrollo sino de seguridad nacional. Por tanto, son los organismos del Estado central –los más amplios como las Fuerzas Armadas y Policiales y los más específicos como Devida- los que están encargados de protegerla y aplicarla para lograr el bien común. Desconocer este hecho limita con la subversión y ciertamente se confunde con el delito.
Por lo demás, el Perú ha suscrito tratados internacionales en materia de drogas que establecen claramente qué cultivos son erradicables y cuáles no. La coca está dentro de los primeros salvo en aquellos casos en que su uso se oriente al consumo tradicional. En tanto la cantidad requerida para ese fin ya está establecida, el resto debe ser erradicado o sustituido si el Perú desea respetar el derecho internacional y establecer una adecuada inserción jurídica, que es otra de las obligaciones que corresponde a los Estados soberanos.
A nadie escapa, de otro lado, que el cultivo de la coca no sólo está asociado con el narcotráfico sino con otras amenazas emergentes o trasnacionales como el terrorismo. Lamentablemente, en la subregión andina esta amenaza es real y presente. Ello es especialmente cierto en Colombia donde la subversión se nutre del narcotráfico para financiar sistemáticamente acciones terroristas. Sobre este punto no hay duda sino convicción y apego a la objetividad de los hechos. En consecuencia, ni el Estado ni los ciudadanos podemos aceptar que un gobierno regional nos coloque en situación de extrema vulnerabilidad que obligaría a una alerta internacional en la materia.
Y tampoco es aceptable que, en momentos en que el cultivo de coca se ha incrementado a 50,000 has (niveles de 1998) según reportes de la ONU, autoridades regionales propongan la imposibilidad de reducirlas e incrementen su permeabilidad a la influencia del movimiento cocalero boliviano que tanto estrago a causado en el país vecino. Menos aún cuando los movimientos cocaleros locales desearían pasar de una fase organizativa para buscar mejor alternativas de desarrollo a la acción desafiante que, como en Bolivia, aprovechará cualquier bandera para lograr dimensión política de alcance nacional.
Finalmente, resulta sencillamente inaceptable que cuando el gobierno central prepara, a través de la Oficina del Primer Ministro, consultas ciudadanas para la conformación de macroregiones (regiones, en el lenguaje oficial), el gobierno regional de Cuzco pretenda ilegitimar el conjunto del proceso con planteamientos que ponen en riesgo a un Estado ya bastante erosionado. Si ello es cuestionable en ciertas movilizaciones populares, resulta francamente delincuencial si quien patrocina el hecho atentatorio contra el desarrollo nacional es una autoridad regional.
Ni la autoridad estatal ni la ciudadanía pueden aceptar los hechos anunciados por el señor Cuaresma. En consecuencia, debemos perusadirlo primero de que no lleve a cabo una acción que arriesga la seguridad y el desarrollo del Cuzco y del Perú. Y si ello no resulta, la autoridad coercitiva del Estado debe imponerse para evitar que se consume esta amenaza.
