23 de enero de 2006
Con un discurso redencionista y articulado por los lineamientos generales que seguirá el nuevo Estado boliviano (y no sólo su gobierno, según La Razón de La Paz) el señor Evo Morales ha asumido la presidencia de esa República. De esta manera la esperanza cohesionadora y renacentista que brinda a los bolivianos un gobernante que, atípicamente, toma posesión del cargo amparado en una mayoría absoluta de electores ha sido canalizada por quien contribuyó a debilitar, in extremis, al Estado desde la oposición a gobiernos transitorios y débiles. Quizá por el requerimiento implícito que acompaña a esa paradoja –la necesidad de generar estabilidad política en un Estado intensamente fragmentado-, antes que por el carácter racial, antioccidental y antisistémico del discurso del presidente Morales, la comunidad internacional ha brindado su apoyo inicial al nuevo gobierno boliviano. Así lo ha constatado el presidente Morales en una gira por tres continentes y en La Paz con la concurrencia de numerosos Jefes y representantes de Estado (entre los que destacó, por excepcional, la presencia del presidente Chile, Ricardo Lagos, antes que la del Subsecretario Adjunto para Asunto Hemisféricos del Departamento de Estado, Thomas Shannon). Efectivamente, estos presidentes y representantes concurrieron al Palacio Legislativo de la Plaza Murillo a afirmar su apoyo a Bolivia antes que al señor Morales, a sus caracterísiticas o a su pasado beligerenate. Salvo por el caso del presidente Chávez y del representante cubano, así lo debiera entender el nuevo inquilino de Palacio Quemado: Suramérica y el mundo occidental –tan cuestionado por el mandatario boliviano- desean una Bolivia próspera, estable y en paz con sí misma y con sus vecinos al margen de alianzas más o menos cuestionables.
La prosperidad no llegará, sin embargo, si la crítica al “modelo neoliberal” –cuya versión fundamentalista e imprudentes métodos de aplicación muchos cuestionamos- se convierte, progresivamente, en erosión de las políticas de mercado ya no por el presidente Morales –que asegura que las mantendrá- sino por la presión de las bases radicales que lo apoyan. Y, lamentablemente, en el discurso presidencial no hubo mucho sobre lo que el nuevo gobierno hará para promover sensata e intensamente el crecimiento, la competitividad y la mejor inserción de la economía boliviana. Ello contrastó, más bien, con la impugnación mesiánica del conjunto de la historia y gestión económicas bolivianas, con la insistente y retórica flagelación de los “explotadores de 500 años” y con la aparente inclinación presidencial por otorgar al Estado extraordinarios poderes en la prospección de políticas productivas (a través de la necesaria reforma agraria y de nuevas formas de industrialización excluyentemente ligadas a la explotación de los recursos naturales).
Como contrapartida, sin embargo, quizás la cantidad de invitados oficiales extranjeros –y hasta aquéllos que fueron visitados en la extensísima gira del presidente electo- no oyeron lo suficiente sobre lo que hará el presidente Morales para crear mayor integración, intercambio exterior e interdependencia económica. En lugar de ello, los visitantes fueron saturados con mensajes sobre propensión autárquica, crítica a la inversión extranjera y cuestionamiento implícito (y, en alguno caso, merecido) de las empresas de hidrocarburos que trabajan en Bolivia. Si la hostilidad del discurso del presidente Morales no ayudó a sentar las bases de la “nueva era” económica que inaugura, quizás ello se deba a que el nuevo jefe de Estado no ha resuelto aún el conflicto entre su militancia en los movimientos antiglobalizadores y las necesidad nacional del capitalismo que, aún en la versión moderada, él y el presidente de Venezuela consideran imperial y, por lo tanto, impuesto.
A manera de compensación oratoria, se esperaba un mayor énfasis en las políticas sociales específicas que Bolivia dearrollará, pero el tono hostil del discurso del presdiente Morales lo omitió. Si ello se debe a que el nuevo gobierno ya sabe qué hará al respecto con la ayuda de Venezuela y Cuba, esa razón no fue suficiente para no preocuparse por disipar la sensación de incertidumbre que el discurso dejó en la audiencia internacional que prestó atención televisiva a lo que el presidente de Bolivia tenía que decir sobre su país en fecha tan memorable.
En consecuencia, los que esperan mayor estabilidad para el gobierno boliviano no habrán dejado de sorprenderse de que su conductor, a pesar de contar con el apoyo mayoritario, insistiera en recurrir al poder popular (es decir, a la política de masas) si el Legislativo no pasa las leyes necesarias que el presidente Morales espera (especialmente la convocatoria a la Asamblea Constituyente).
Ello revela que el conflicto político no ha acabado en Bolivia y que, más bien, puede intensificarse cuando llegue el momento de redefinir al Estado (agosto de este año) mediante una nueva Constitución que corresponda a lo que el presidente Morales y sus allegados consideran necesario para fundar una nueva república en Bolivia. Por lo pronto los movimientos más radicales ya han establecido un plazo de 90 días para comenzar a ver cambios significativos. Si éstos no se producen, ellos se encargarán de volver a las calles poniendo nuevamente en jaque al gobierno.
Estas ambiguedades y contradicciones se presentaron también en el capítulo internacional del discurso del nuevo presidente. Así, al tiempo que se solicitaba mayor compromiso de la cooperación internacional (especialmente para condonar la deuda externa), se insistió en condenar la dimenión colonial que implicaría esa cooperación. Lo que pudo ser un diagnóstico más o menos realista y una nueva propuesta de nueva gestión, se propuso como imputación lacerante. Si ello fue palpable en la alusión al sostenimiento de alguna parte de la administración pública boliviana por fuentes externas, fue más evidente en los términos de cooperación con Estados Unidos: aquí el nuevo trato es de coperación sin depedencia ni condicionalidad.
Como es evidente, la propuesta es derecho y competencia exclusiva del gobierno boliviano en el marco de sus responsabilidades internacionales. Ésta puede ser efectiva si el nuevo gobierno se propone combatir en serio el narcotráfico (lo que requiere mayor interdicción) y erradicar y sustituir la coca excedentaria (es decir, el 90% del total). Pero no lo será si esa intención queda condicionada a una imposible industrialización de la hoja. En ese caso la preopuesta fracasará porque el mercado para ese producto no existe ni puede crearse en dimensiones suficientes.
En todo caso, Estados Unidos parece ya haber adoptado un enfoque pragmático en su relación con Bolivia cuya evolución dependerá de la conducta del interlocutor antes que de los problemas se hayan presentado en el pasado. Ese enfoque no abandonará, sin embargo, la aproximación unilateral norteamericana en tanto la superpotencia está al tanto de los problemas que acarrearían la reiteración del vacío de poder en Bolivia y de la quiebra del Estado (de lo que ha hecho una preocupación de seguridad nacional).
Pero los problemas del pasado sí estarán presentes, con renovados ánimos de prospección resolutoria, en la relación con Chile. Quizás ésta constituya el mayor adelanto de la política exterior boliviana desde que la elección del presidente Morales. La evolución del postulado “gas por mar” aparentemente ha ido más allá al punto de que las nuevas autoridades evalúan el restablecimiento de relaciones diplomáticas y otorgar un nuevo impulso de las negociaciones comerciales.
El Perú debe felicitarse de ello en tanto fortifica un extremo de nuestras relaciones internacionales que genera cíclicamente diferentes grados incertidumbre. Para que ésta se cancele, el Perú y Bolivia deben intensificar su relación bilateral y discutir las posibilidades de una solución real al problema de la mediteraneidad del vecino (que es un tema fomalmente chileno-boliviano) que parta por zanjar la controversia jurídica sobre delimitación marítima peruano-chilena. Mientras tanto, y dado que el presidente Morales no ha anunciado nada nuevo para la relación peruano-boliviana, el Perú deberá tomar la iniciativa para mejorar la rica relación altiplánica e intensificar la vinculación económica con el oriente de ese país. Ello pasa por la integración energética a la luz de la dimensión geopolítica y de desarrollo que el gas tiene para los dos países. En esta perspectiva, para evitar complicaciones añadidas al problema de la adaptación de los contratos de las empresas de hidrocarburos a la nueva ley boliviana (cuyos mandatos nacionalizadores deben aún reglamentarse), el cuestionado esquema del “anillo energético”, al que Bolivia no desea aún incorporarse plenamente, quizás deba replantearse en el marco mejor consensuado del IIRSA.
Sin embargo, este escenario estará fuertemente influido por una variable nueva: la relación de cooperación boliviano-venezolana que irá más allá de la simple asistencia. Ella se agrega a los mecanismos de cooperación establecidos para el acápite social y al reclamo del presidente Chávez de articular un nuevo modelo económico para la región (lo que puede tener a Bolivia como eventual escenario inicial).
Esta variable se complicará en tanto el incremento de esa relación bilateral se sustenta en una alianza estratégica ya establecida de la que Cuba es parte notoria. Por lo tanto, la posibilidad de que los cotenidos funcionales de esa relación de cooperación se orienten al establecimiento de un polo de poder político en Suramérica no es improbable. Si ello ocurre, la cooperación distorsionará su propósito de desarrollo y creará fricciones en la región. Esto deberá tratarse con Bolivia bilateralmente. Y de ser necesario, deberá ocupar la atención de lo foros suramericanos y, eventualmente, de los hemsiféricos en lo que incumba a Venezuela y Cuba. Los peruanos esperamos que los cambios en el tejido social boliviano sean efectivamente beneficiosos para los bolivianos. Para ello debemos cooperar. Pero también deseamos que el manejo de esos cambios no genere inestabilidad periférica ni plantee complicaciones de correlación de fuerzas en el corazón suramericano.
Si, al magren de las buenas intenciones, éstas alteraciones son inexorables debido a las condiciones políticas que creará el nuevo Estado boliviano, peruanos y bolivianos debemos trabajar para prevenir efectos negativos y fricciones entre vecinos. Para ello (y para poner el hombro como dice El Deber de Santa cruz) quizás debamos incrementar nuestra precaria interdependencia, consolidar su especificidad liberándola de la influencia venzolana y cubana y de las contradicciones que el irredentismo plantea a un gobernante que se inaugura en el poder.
