Luis La Calle Pou, al frente de una coalición de conservadores y socialdemócratas (la “Coalición Multicolor”) que incluye al Partido Colorado, adversario tradicional de su partido, el Partido Blanco, acaba de asumir el gobierno de la República Oriental del Uruguay. Con ello se pone término a quince años de predominio del Frente Amplio, de izquierda, que encabezaron Tabaré Vásquez y José Mujica en el pequeño país suramericano.
Si bien este cambio de orientación ideológica en el gobierno uruguayo no implicará un gran cambio en el balance de poder regional, sí tendrá impacto positivo en la organización del Cono Sur y de Suramérica…. si se considerara que el gobierno venezolano sigue siendo una amenaza real.
En efecto, las convicciones liberales del Presidente La Calle llevarán aire fresco a su primer escenario, el Mercosur, y quizás a su hasta ahora frustada apertura. El resultado sería, para empezar, una mejor disposición de ese grupo de integración a negociar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Ello ocurrirá al compás de una nueva proyección económica que favorezca una mejor inserción comercial uruguaya que patrocina este tipo de acuerdos.
Si Uruguay podrá contar en esto con Brasil y Paraguay, no sucederá lo mismo con Argentina que no desea tratar con la UE bajo el formato negociador actual. Sin embargo, debilitada en todos los frentes, Argentina ha perdido capacidad de veto. Si forzar su oposición frente a una posición vigorizada de apertura, el Mercosur podría fracturarse más allá de la vigente suspensión de Venezuela (y del poco realce de los “miembros asociados”: el resto de los suramericanos).
En el escenario político, La Calle no compensará, por su escaso peso específico en el Cono Sur, el fuerte debilitamiento de Chile asediado por fuerzas sociales con reclamos legítimos y agresores internos capaces de ejercer gran violencia. Pero sí aportará alguna cohesión ideológica a esa subregión heterogénea en la confrontación del dictador Maduro (como también ocurrirá en el trato con las dictaduras de Nicaragua y Cuba). Para ello, el nuevo gobierno se desafiliará del Mecanismo de Montevideo que, con México, pretendía una nueva negociación con la dictadura caraqueña.
Como lógico paso siguiente, Uruguay podría proyectarse en dos frentes hemisféricos: intentar incorporase al Grupo de Lima y procurar la reelección del Secretario General de la OEA, el también uruguayo Luis Almagro (quien, fue expulsado del Frente Amplio por su militancia antichavista) que compite con candidatos menos aguerridos presentados por el Perú y el Ecuador.
En este último caso, contará con el pleno respaldo del Brasil (que considera el retiro de su embajada en Caracas) y de Estados Unidos pero agregará fricción con Argentina, cuyo presidente Alberto Fernández desea una más benigna salida para Maduro (disfrazando quizás, como López Obrador y la Doctrina Estrada en México, su predisposición por ese régimen mientras La Calle Pou se propone la aplicación al caso de la Carta Democrática Interamericana.)
Ese frente, sin embargo, se ha complicado con la participación de la candidata ecuatoriana María Fernanda Espinos quien, en principio, contaría ya con el apoyo de los países caribeños especialmente los vinculados al ALBA. Con su candidatura el nuevo presidente uruguayo rompería fuegos.
Y quizás también con la candidatura del embajador del Perú en Estados Unidos, Hugo de Zela que, sin desvincularse de esa función, ha sido patrocinado por Torre Tagle complicando la relación con la primera potencia cuyos representantes consideran que esa candidatura es “divisoria”.
Es probable, en consecuencia, que el nuevo gobierno uruguayo intente persuadir al gobierno peruano de la conveniencia de retirar la candidatura del embajador de Zela. Esa iniciativa podría ser una oportunidad para lograr un retiro apropiado de la misma en tanto esa opción no podría ser considerada ahora por el gobierno peruano (ello sería percibido como una claudicación frente a la presión del gobierno del Sr. Trumps) o, alternativamente para lograr la manifestación de un impasse en el cual la candidatura del Sr. de Zela pudiera aparecer una útil alternativa a los demás.
De otro lado, la opción uruguaya de incorporarse al Grupo de Lima por el Uruguay podría ser menos apreciada por el gobierno de Montevideo en la medida de que ese Grupo carece de horizonte eficaz (el presidente norteamericano ni siquiera lo nombró entre los miembros de la comunidad internacional que dijo liderar para lograr el retiro de Maduro cuando tocó el punto en su presentación congresal del Estado de la Unión).
Pero quizás el presidente La Calle podría tocar la puerta del Grupo –que el Frente Amplio cerró- con una iniciativa que lo enriquezca con nuevo dinamismo y alternativas de acción (p.e. renovando el recurso político a la Carta Democrática).
Tal iniciativa podría adquirir para el Uruguay una nueva dimensión estratégica en procura de la reconstitución de un escenario liberal en la región que facilite el enraizamiento del nuevo gobierno uruguayo.
Ese proceso podría ser estimulado por un llamado a la renovación de la actividad de la Alianza del Pacífico (ahora mermada por el retiro mexicano y la compleja problemática interna chilena), que interesa al presidente La Calle como plataforma de diversificación de la inserción comercial de su país en el mundo. Con esa Alianza Uruguay ya ha iniciado aproximaciones teniendo en cuenta no sólo su proyección en la cuenca sino los 55 países observadores con exceso de expectativas que pueden movilizarse.
Por lo demás, esa iniciativa democrática podría ir de la mano con los intereses convergente de Uruguay y de Estados Unidos renovando el activismo norteamericano en la promoción de la democracia en las Américas.
Esta agenda estrecha no debiera verse limitada por los requerimientos de lograr un mayor crecimiento económico –un promedio de 1.3% entre 2015 y 2019- y de mayor seguridad ciudadana (tradicionalmente uno de los países más seguros de la región ha padecido el año pasado un fuerte incremento en la tasa de homicidios aunque partiendo de un piso bajo). Esos riesgos, sin embargo, agregarán fuerza centrífuga a la coalición de gobierno, lo que sí puede afectar la proyección externa del Estado.
