Mientras América observa cómo Venezuela se acerca al despeñadero los socios de su gobierno desestabilizador, hostil y represor se esmeran en desmentir esa inminencia, en evitar que los mecanismos preventivos del sistema interamericano funcionen y en contemplar de la catástrofe desde las alturas del ALBA y del UNASUR.
Esta extraordinaria irresponsabilidad hemisférica ocurre sin que los que se dan perfecta cuenta de la gravedad de la situación (los Estados liberales del Pacífico, Estados Unidos y Canadá) arriesguen demasiado por intensificar alguna iniciativa. Es más, algunos se escudan en la minoría que conforman frente a las pequeñísimas entidades caribeñas y los increíblemente miopes miembros del MERCOSUR.
En efecto, para estos Estados latinoamericanos y caribeños la radicalización de los enfrentamientos en Venezuela (que se enmarca en una economía al borde de la inviabilidad, en la completa falta de seguridad ciudadana, en la presencia creciente de organizaciones paramilitares y en un gobierno plena e ilegalmente dominado por el chavismo incapaz de alinearse con el bien común) quizás no constituye un problema de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos que merezca ser considerado por sus Cancilleres.
Es más, esos Estados consideran que ni siquiera una misión interamericana de observadores que pudiera esbozar un cuadro de situación in situ es aceptable. Esa misión ha sido desechada por el presidente venezolano, el Sr. Maduro, porque la considera “imperialista” mientras que la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para que evalúe la reunión de Cancilleres promovida por Panamá ha resultado en el rompimiento de relaciones de Venezuela con ese país.
A esos efectos, el Sr. Maduro no ha tenido siquiera en cuenta los intereses de sus propios ciudadanos que necesitan desesperadamente importar bienes de consumo básicos que ya no se pueden producir en Venezuela en el orden del 25%, ni los del propio Estado que requiere urgentes divisas provenientes de la exportación de petróleo (aunque el canal de Panamá probablemente no se cerrará al comercio venezolano).
Tamaña desaprensión tiene un rasero temporal: desde que los enfrentamientos se escalaron en Venezuela el 12 de febrero pasado con muertos, represión, desorden y actitudes dictatoriales crecientes han transcurrido tres semanas entre declaraciones del Secretario General de la OEA restando importancia a la crisis y pugnas entre Estados miembros del sistema interamericano sobre qué hacer o no hacer. Y cuando decidieron hacer –es decir, convocar al Consejo Permanente- devolvieron todo a fojas 0 por razones de procedimiento.
Ese tiempo ha sido bien aprovechado por el Sr. Maduro que ha obtenido, mediante giras e invocaciones de su Canciller, apoyos formales del bloque del ALBA y del MERCOSUR (una evolución colectiva extraordinaria), mientras Brasil (cuya diplomacia presidencial sigue siendo asesorada por operadores del ex -presidente Lula) dejó saber que trabajaba en la alternativa del marco de UNASUR a reunirse, quizás, luego de la toma de posesión del presidenta electa Bachelet.
Considerando que la Sra. Bachelet asumirá el 11 de marzo, el ápice de la crisis venezolana habrá durado un mes. Si tal es la definición de urgencia que tienen estos Estados de una situación de extrema gravedad, es evidente que para ellos el término “crisis” no existe y que la situación de conflicto puede ser prorrogada para lograr términos políticos más favorables para el chavismo y sus socios regionales que los que hoy apremian.
Es decir, si en la OEA se discute hoy apenas el formato de diálogo que debería establecerse entre el oficialismo y la oposición venezolanos y si éste debe ser informado o no al Secretario General y al resto de los miembros del sistema, el hecho de que se pretenda que la discusión continúe, en otro foro, más allá del 11 de marzo indica que algo más que el apaciguamiento llanero está en discusión. Ello puede ser un nuevo tipo de orden en Venezuela con el Sr. Maduro al comando en buena sociedad con Cuba y un nuevo tipo de relación en UNASUR que cambiará el mapa regional.
En ella, los países del ALBA tendrán la mano ganadora mientras que los Estados liberales (los de la Alianza del Pacífico) se seguirán protegiendo detrás de la barricada económica de su proceso de integración y de su esterilidad política.
En no poco medida, esta situación corresponde a la inacción de la presidencia peruana del UNASUR que, hace un año se limitó a plantear el diálogo que se sigue discutiendo hoy en Venezuela, sin considerar siquiera el problema de la legitimidad de la elección del Sr. Maduro y sin escuchar al jefe de la oposición (que solicitó audiencia formal al respecto).
Pero no confundamos la causa lejana de la situación actual con su esencia. Y ésta radica en la total quiebra de las comunidades políticas hemisférica y latinoamericana en tanto sus Estados no sólo no comparten principios que, sin embargo, han suscrito en torno a la democracia y otros valores, sino que están confrontados por su validez y aplicación.
La permisividad colectiva en la vulneración de estos principios y valores permite que gobiernos como el boliviano asuman hoy el liderazgo en la gestión de los intereses del ALBA en el sistema interamericano. Ello es posible, entre otras cosas, por “default”, por su disposición a levantar la voz como método diplomático y por el uso de la imputación y victimización permanentes como repertorio político.
Como contrapartida, el Presidente de Panamá puede ser insultado impunemente por el Sr. Maduro como paso previo al rompimiento de relaciones a pesar de que el Presidente Martinelli no llamara al Consejo de Cancilleres a través del Consejo Permanente en el marco de la Carta Democrática sino en el de la propia OEA.
Este hecho dice cuán quebrada está la comunidad hemisférica porque la Carta de la OEA (arts. 61 y 62) permite a cualquier Estado convocar a la Reunión de Consulta de Cancilleres, a través del Consejo Permanente, para tratar problemas de carácter urgente y de interés común (más aún cuando la invocación se fundamenta en principios humanitarios y de consolidación democrática que inspiran la Carta sin que ello pueda ser considerado injerencia).
El Presidente de Panamá pudo optar por recurrir al artículo 20 de la Carta Democrática que permite que cualquier país pueda convocar al Consejo Permanente de la OEA cuando “se produzca una alteración grave del orden constitucional que afecte gravemente (el) orden democrático”. Pero no lo hizo para evitar discusiones innecesarias.
Pese a ello la iniciativa ha sido impugnada porque el propósito venezolano y del ALBA es escapar a cualquier fuero interamericano procurando su deslegitimación al tiempo que procura una relegitimación propia. En ese marco, que UNASUR provee, podrá el gobierno venezolana pretender seguir un modus operandi que, desprovisto de mecanismos operativos, fue establecido en Lima hace un año.
El Perú, que contribuyó a patrocinar bajo su presidencia la situación actual, ha pretendido alguna iniciativa en la canalización del diálogo venezolano como ya se había anunciado. Pero en ello también ha fracasado pues, según El País, la iniciativa de que éste pudiera ser objeto de seguimiento e información colectivos ha sido denegada.
Frente a esta situación, la eventual reunión de UNASUR en Santiago podrá resultar en aluna hoja de ruta ya caminada y sin reclamos de cambio de actitud (y menos de punición) al gobierno venezolano.
En ese marco, sería mejor que cada Estado o grupo de Estados del área se pronuncie frente al problema que genera fuerte inestabilidad y actúe en consecuencia. Tal es el grado de desarticulación que vive la región hoy mientras se sigue quemando incienso en el altar de la solidaridad y la integración regionales.
