América Latina alberga hoy en Venezuela a un Estado ilegal e ilegítimo que, antes de la tragedia constituyente fraguada por Maduro, era sólo un gobierno dictatorial.
En efecto, mientras la dictadura se vestía con ropajes de la Constitución chavista de 1999 que, a pesar de su contorsiones ideológicas, fue aprobada por mayoría ciudadana, sus arbitrariedades eran esencialmente de responsabilidad del Ejecutivo. En cambio, la Asamblea Nacional, ya de mayoría opositora, defendía sus fueros jurisdiccionales frente a las embestidas del gobierno de Maduro y sus vasallos institucionales.
Pero hoy, un artificio comunal y corporativo, denominado Asamblea Constituyente, pretende, a pesar de la inmensa oposición interna y universal, establecerse en instancia superior y asumir los poderes del Congreso para organizar un Estado totalitario en el norte suramericano.
Teniendo en cuenta su base extraordinariamente minoritaria (12% del padrón según la oposición y algo más del 40% según el oficialismo) y su total carencia de rectitud formal y sustantiva en su génesis y desarrollo, ésta no debiera ser más que una fantasía. Sin embargo, la dictadura, los gobiernos del ALBA y grandes potencias como Rusia y China, ha decidido reconocer la ficción (mientras que Estados latinoamericanos como Uruguay, se niegan a condenarla).
He allí el factor cimentador de un artificio que, en lugar de capacidad regimental para establecer un nuevo orden interno, pretenderá ser el baluarte político con que el oficialismo desea contener el avance abrumador de los venezolanos oprimidos y de la comunidad internacional que lo combate.
Peor aún, carente de alma y espinazo ciudadano, esa ficción se monta ahora en un estrepitoso fracaso estatal. En efecto, la autoridad que la dirige no puede gobernar; la población que aquélla desea someter muestra, con multitudinaria firmeza, que no la acepta; la coerción sólo puede ejercerse mediante la represión militar y militarizada; y el territorio que debe sustentar al Estado está ocupado por las mayorías que aborrecen al dictador desde las principales ciudades venezolanas.
En ese marco de insolvencia política, el Congreso procedió hace un tiempo a ejercer su legítimo poder jurisdiccional. Empezó la tarea designando a nuevos jueces del Tribunal Supremo en tanto los anteriores mostraron su vasallaje desconociendo los poderes de la Asamblea Nacional otorgando así partida de nacimiento a la deriva totalitaria de Maduro.
Con su decisión el Congreso señaló que estaba dispuesto a recuperar su Estado. Pero Maduro contestó con la ilegal organización de la Consituyente.
Hoy, sin gobierno ni Estado legales a los qué dirigirse (salvo a la fuerza político-militar que Maduro representa), a los cancilleres que se reunirán en Lima para decidir un curso de acción sobre Venezuela, no les basta ya con volver a desconocer al esperpento institucional venezolano ni hacer principistas llamados al diálogo.
Frente a la fractura del Estado, lo que se requiere es evaluar la forma menos costosa de salir del dictador. Al respecto las sanciones políticas y económicas efectivas pueden ayudar a la transición. Aquéllas sólo serán eficaces si imposibilitan la sustentación dictatorial.
Como ello puede no ocurrir debido al atrincheramiento de la cúpula de la Fuerza Armada y al apoyo externo del que disfruta Maduro, los cancilleres latinoamericanos deben estudiar otras medidas.
La única utilidad que tendrán la aplicación de soluciones pacíficas será la que establezca las modalidades (cronograma electoral, liberación de presos políticos, retorno de las libertades y soluciones a la crisis humanitaria) con que los venezolanos forjarán un proceso de transición liberándose de la opresión a la que están sometidos. De manera paralela debe considerarse la situación venezolana bajo esquemas de seguridad y adoptarse las medidas pertinentes. Éstas están perfectamente señaladas en los capítulos VI y VII de la Carta de la ONU.
Como éstas no podrán instrumentarse en el Consejo de Seguridad por el veto chino y ruso debe quedar claro que la dictadura venezolana, habiendo destruido su Estado, es también una amenaza regional que debe ser confrontada en el marco de la seguridad colectiva aún vigente en el sistema interamericano.
La amenaza se expresa en desestabilización vecinal y regional, potencial confrontación armada interna más allá de la represión militar, anarquía, eventuales efectos externos de la situación de convulsión (activa participación cubana, fricción regional y extra-regional) e incremento del riesgo para la democracia representativa en el área. Este escenario se presenta en el marco de la manifiesta agresión sistemática contra la ciudadanía que la comunidad internacional ya no tolera.
Si ello no convoca el uso de la fuerza, sí asume la convicción de que la amenaza debe ser eliminada dando paso a una sensata transición democrática. Cualquier negociación que se proponga debe tener presente este diagnóstico y actuar en consecuencia.
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