En giro sorpresivo, Venezuela ha expresado interés en reincorporarse a la Comunidad Andina. Y lo ha hecho, según su gobierno, a invitación de los socios andinos los que, con el apoyo de la Secretaría General de la CAN y de la presidencia colombiana, habrían aceptado una cumbre extraordinaria para decidir los detalles de la reincorporación plena o asociada de ese Estado. En tanto el gobierno de Venezuela no ha variado su hostil y expansivo bolivarianismo para hacerlo complementario con las políticas de los principales socios andinos, ese retorno, de ocurrir, complicará la precaria cohesión subregional y entorpecerá el proceso de su inserción externa.
Para proceder de una manera u otra se alega que el proceso de desafiliación venezolana iniciado en abril del 2006 no ha logrado aún cumplir con los requerimientos comunitarios. Careciendo éste de avances sustanciales, la reincorporación, se dice, podría ser expeditiva. Esa racionalidad formal, sin embargo, no considera que los argumentos sustantivos que esgrimió Venezuela para su retiro se mantienen y, por tanto, su retorno sería institucionalmente forzado, normativamente incongruente y políticamente peligroso para lo que queda de la CAN y de sus procesos.
En efecto, si Venezuela sigue cuestionando los términos de la negociación de Perú y Colombia de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, mantiene reparos frente a la condiciones de una asociación política con la Unión Europea (esencialmente con la cláusula democrática) y con los términos de un acuerdo comercial con esa agrupación al tiempo que cuestiona la naturaleza del mercado andino, el retorno venezolano parece tan inconducente como contaminante del clima de negociación que la CAN intenta crear con sus interlocutores extraregionales.
Por lo demás, la decisión de desafiliación de un Estado de un mecanismo sofisticado de integración es un proceso tan complejo como el de su incorporación. Para ambos se reclaman normas y estándares de comportamiento. En consecuencia, la abreviación de cualquiera de esos procesos siguiendo el impulso político de los gobernantes generaría aún más pérdida de disciplina comunitaria de la que ya existe en la Comunidad Andina y, por tanto, mayor erosión de su ya débil condición grupal y de contraparte negociadora.
A ello debe agregarse que la disposición venezolana a lograr hegemonía o influencia determinante en la subregión andina no ha desaparecido (su asociación con Bolivia es clara al respecto), que ese Estado pretende un rol regional mayor (traduciéndose en una pretensión de liderazgo antisistémico en el MERCOSUR), que ha desarrollado un mecanismo de integración alternativo que se rige por principios antagónicos a la democracia representativa y a la economía de libre mercado (el ALBA) y que la calidad de sus asociaciones extraregionales (p.e., Irán y Cuba) pretende alterar la buena relación hemisférica al amparo de una visión bien diferente del sistema internacional a la que orienta a otros Estados andinos. Bajo estos términos no hay proceso de integración posible ni mucho menos posibilidad de progresar a sus etapas más avanzadas en el área.
En efecto, la divergencia de principios e intereses de Venezuela con Estados como el Perú y Colombia es de tal naturaleza que su presencia en la CAN probablemente impulsará en la subregión alianzas y asociaciones antagónicas cuyas dinámicas ya son patenten allí. Ello difícilmente coadyuvará a organizar ya no un mecanismo de integración sino un espacio económico.
Si ésta es la situación, la reincorporación de Venezuela a la Comunidad Andina no tiene sentido. A menos que su gobierno cambie radicalmente de políticas y de principios en convergencia con los que organizan los tratados básicos de la subregión. Si ello no ocurre, aun la cooperación social y de integración física con Venezuela debiera ser prudentemente evaluada en tanto esos ámbitos son abiertamente empleados por ese Estado como mecanismos de influencia, de injerencia política sistemática y de acceso geopolítico desestabilizador del corazón suramericano y del Cono Sur.
Si al margen de la relación bilateral de Venezuela con Bolivia y Ecuador, el presidente Uribe desea restablecer un vínculo de aproximación con su mayor socio comercial en la región por razones estratégicas concretas (p.e., la relación con las FARC, el impacto del maltrato del Congreso norteamericano), Colombia quizás deba proceder también por la vía bilateral. Ese canal, que también desea mantener el Perú, es más útil para el tipo de relación compleja y desafiante que Venezuela plantea a sus vecinos.
