Que el sistema interamericano está dejando de ser una comunidad no es ninguna novedad. Lo nuevo es la intensidad con que se está produciendo ese fenómeno regresivo.
Las pruebas más recientes al respecto trascienden la clamorosa vulneración de la Carta Democrática interamericana que debiera proveer protección colectiva contra la vulneración de la democracia representativa por alguno sus miembros. Ahora, la OEA, el órgano rector del sistema, ni siquiera puede enviar observadores electorales a cumplir con el deber comunitario de supervigilancia electoral en escenarios de creciente tensión política y donde el fraude es posible.
En efecto, en el referéndum que decidirá este domingo si Venezuela se convierte en un Estado totalitario o si permanece como uno autoritario no habrá observadores de la entidad hemisférica (y tampoco de la Unión Europea). La razón es simple, según los funcionarios, éstos no fueron invitados a tiempo.
La extraordinaria insensibilidad, el lamentable carácter burocrático y la total carencia de principios de esta respuesta refleja la impresionante versatilidad "natural" que permite a los funcionarios de un organismo internacional (y a sus mentores estatales) pasar de la defensa cerrada del régimen que les da razón de ser (mostrado en el caso peruano de la década pasada) a la imperturbable violación del mismo.
Esa muestra de cinismo burocrático que los Estados miembros avalan puede encontrar una interesante mensura en la predisposición mostrada por la principal autoridad de la OEA para retornar a hacer política en su país. Ello quizás muestre menos debilidad de esa autoridad que impotencia del organismo que dirige (el caso no es único: recuérdese al respecto que el penúltimo director del FMI abandonó el cargo aduciendo sólo razones personales).
Se podría considerar mejor este argumento si no fuera por el dramatismo del escenario que explica. En su estilo épico, Fidel Castro acaba de aventurar una evaluación del mismo: dependiendo de cómo se desarrolle el referéndum en Venezuela, ese país podría explotar en una guerra civil preludiada de un magnicidio urdido por "el imperio". Ese argumento confabulatorio y beligerante es también empleado por Chávez: si se "desestabiliza" al bolivariano señor Morales, Venezuela "no se quedará cruzada de brazos". Y para probarlo Chávez está dispuesto a organizar "un Vietnam" en el corazón suramericano.
Como frente a la quiebra del orden democrático, frente a ese tipo de manifestaciones la OEA y sus miembros tampoco han reaccionado. En lugar de ello mantienen silencio frente al evidente quebrantamiento constitucional en Bolivia.
Como es evidente, éste ha sido generado por la "aprobación" oficialista de una nueva Constitución en un cuartel militar sin presencia de la posición y festinando todo proceso. Es más, la evolución violenta del enfrentamiento político en Bolivia tampoco ha conmovido a nadie en la sede de la OEA.
Al respecto el Secretario General se limitado a realizar, a través de una nota de prensa, una invocación para que un sector de los bolivianos no impongan su voluntad sobre otros. Y en tono aún más benigno, lo mismo ha hecho el Secretario General de la ONU mientras la Unión Europea ha expresado su preocupación a través de sus representantes en La Paz.
Frente al incumplimiento de la normatividad interamericana (que, en estos casos, tiene carácter coercitivo) esas expresiones son mejores que nada. Pero también fortalecen la mano de quienes han incumplido con sus obligaciones internas e internacionales. En el caso del señor Morales, éste ciertamente estará encantado de hacer de su caso nacional uno universal y, por tanto, antes que revertir la ilegalidad de sus actos pretenderá fortalecer su posición negociando con mayor o menor prontitud con cada uno de los organismo que han expresado su buena voluntad.
Mientras tanto, el conflicto interno boliviano se está escalando. Y lo hace porque su combustible es extraordinariamente volátil. Éste proviene de la disposición del "proyecto" de disolver el Estado en una entidad "plurinacional". A este desatino de confuso origen ideológico, se agrega el establecimiento de diferentes categorías de ciudadanos (pero especialmente la de los "pueblos originarios", que excluyendo a los mestizos en un pueblo fuertemente mestizo, tendrán su propio y distintivo fuero jurisdiccional). Éstos tendrán además facultades autónomas especiales y presencia dominante en todas las instancias de gobierno sin equivalencia en otras categorías ciudadanas. Ello ocurrirá en un escenario adicionalmente fraccionado por cinco niveles de autonomías entre las que las regionales no quedan adecuadamente reconocidas.
Esta fragmentación fundamentada en una "diversidad" tan ideológica como ecológicamente radicalizada se atomizará aún más con el reconocimiento de varios tipos de economías (la pública, la privada, la comunitaria) sin que el libre mercado reciba el encargo de desempeñar un rol unificador. Ese rol es imposibilitado, además, por el aplastante y desnaturalizado rol del Estado (especialmente en la cadena productiva de recursos naturales al punto de prohibir las privatizaciones y concesiones), por la limitación de la propiedad privada (que queda condicionada por su dimensión social) y por el confinamiento de la solución de controversias que concierna a la inversión extranjera al cerrado fuero boliviano.
Para coronar el "proyecto", el presidente podrá ser reelecto indefinidamente y, cómo no, la coca (que merece un capítulo especial) quedará consagrada como patrimonio nacional al margen de cualquier limitación que establezcan los tratados internacionales.
Más aún, para defender esta Constitución aprobada por el oficialismo, el gobierno ha movilizado a las masas oficialistas con el propósito de impedir la participación de la oposición. Además de estimular la violencia interna, esa decisión puede proyectarse sobre ciertos vecinos (en este caso, el Perú).
Y sin embargo, los organismos internacionales sólo invocan cordura y el sistema interamericano se paraliza. De allí que sean los Estados concernidos (y especialmente, algunos vecinos) los que busquen alguna forma de salida a la crisis. Ello no se realiza, por cierto, sin sospechas (como las que difunde cierto periodismo en torno a un supuesto interés vecinal en aprovechar territorialmente el caos en Bolivia).
Y si son los Estados los que hoy buscan una solución en el marco de la erosión de la autoridad internacional, los términos sobre cómo se resguarda o se impone el orden en la región han cambiado para mal: del plurilaletarismo regimental América latina (y Suramérica, en particular) está retornando al escenario realista donde el poder predomina. Ello conlleva una carga de riesgo y de fricción que creíamos superada y que los Estados que se rigen por la democracia representativa están obligados a corregir.
