El sistema interamericano de protección colectiva de la democracia representativa se ha activado nuevamente en favor del Perú. A la resolución del Consejo Permanente de la OEA que brinda "pleno respaldo al gobierno constitucional del presidente Alejandro Toledo y, en particular, a la iniciativa de lograr un consenso nacional (que fortalezca) el proceso de institucionalidad democrática" se ha sumado el apoyo del Grupo de Río, que añade a ese objetivo el combate de la pobreza y de la corrupción. Los gobiernos de Francia y Alemania también se han pronunciado al respecto.
Si bien esta garantía de seguridad democrática brinda al Estado que era hasta hace poco el más estable de la región andina un margen de maniobra que ha perdido aceleradamente, debe reconocerse que la capacidad de restablecer el orden interno ha pasado a afincarse otra vez en el sistema internacional.
Aunque jurídicamente ello no importe intervención externa de acuerdo a las normas sobre la materia, en los hechos la activación de ese mecanismo sí implica una pérdida adicional de soberanía. Esto no sólo recuerda, salvando las distancias, la condición subordinada a que nos sometió durante la década de los 90 el régimen de Fujimori, sino indica que el país ha perdido capacidad de proyección externa y, por tanto, de negociación internacional.
Bajo estas condiciones, procesos tan importantes como la construcción de una asociación estratégica con el Brasil -que la reciente visita del canciller Amorim ha intentado avanzar-, la negociación del TLC con Estados Unidos, los acuerdos de seguridad con los vecinos, la pretensión estabilizadora en la subregión andina, el intento de promover la convergencia suramericana, la participación en la ronda Doha o la interlocución con el FMI han perdido sustento.
Hasta que los peruanos no recuperemos la capacidad de restablecer los términos del orden interno, la calidad de nuestra inserción internacional ha sido fuertemente debilitada.
De esta situación somos responsables todos: el Ejecutivo que no ha sabido recuperar ni credibilidad ni respeto ciudadanos, el Legislativo cuyos miembros no han querido concertar a tiempo, el Poder Judicial cuya laxitud en la lucha contra la corrupción ha escandalizado al país, parte de la prensa que -según algunos de sus más articulados voceros- ha tendido a acusar más y a investigar menos y algunos gremios que defendiendo intereses económicos no facilitan el financiamiento del Estado o que replicando el ansia de poder anárquico que se ha ejercido en ciertos vecinos han amenazado con estimular las fuerzas de fragmentación.
Por fuera, el clima disociador es azuzado por el malestar ciudadano fundamentalmente derivado de la quiebra del vínculo entre una política económica que arroja buenos números y el bienestar que éstos no producen expresado en la pobreza y desempleo. En este ambiente, la mafia fujimontesinista ha operado con extraordinario desparpajo. En pocas palabras, los peruanos hemos ido perdiendo soberanía mucho antes de que los mecanismos internacionales de seguridad democrática se activaran.
Si en este proceso de deterioro de la cohesión social hay responsabilidad colectiva, a todos nos corresponde reencontrar ya no sólo el camino de la gobernabilidad sino el de la viabilidad nacionales. Y ello no se logrará disminuyendo aún más la autoridad presidencial en un país de vocación y normatividad presidencialista, incorporando a técnicos -cuya función es resolver problemas al margen de su complejidad política- a un gabinete de emergencia nacional o mediante agendas consensuadas que pretendan salvar la papeleta de la formalidad democrática.
La buena disposición a actuar colectivamente debe aprovecharse ahora para fortalecer la autoridad del Jefe del Estado apoyado por la fortaleza de su primer ministro si se desea que esa alta investidura se consolide con vistas al 2006. Y si se quiere ganar en representatividad y credibilidad en la gestión pública, corresponde a los políticos favorecer un gabinete multipartidario.
Y éste deberá acoger una agenda que concentre su atención en lo que todos sabemos: la lucha contra la pobreza y la corrupción, la generación de empleo y de seguridad y el fortalecimiento de la capacidad fiscal y de gestión del Estado antes que en formalismos o sofisticaciones. Entonces ya no tendremos que recurrir a los organismos internacionales en búsqueda de protección democrática.
